Doctrina
Título:Disposiciones normativas que regulan el tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en Colombia conforme al Modelo de Protección Integral
Autor:Rojano Sarmiento Pérez, Luis Antonio
País:
Colombia
Publicación:Efectividad del Tratamiento Jurídico de la Delincuencia Juvenil en Colombia partiendo de la Base Teórica del Modelo de Protección Integral - Texto Completo
Fecha:26-08-2022 Cita:CAPC-III-CDXIII-516
Índice Voces Ultimos Artículos
1. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA)
2. Proceso de protección de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito
3. Proceso de responsabilidad penal para adolescentes
4. Prestación del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes
5. Mirada a los centros de atención especializada en Colombia para niños, niñas y adolescentes

Capítulo III

Disposiciones normativas que regulan el tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en Colombia conforme al Modelo de Protección Integral

Luis Antonio Rojano Sarmiento Pérez

De lo expuesto con anterioridad en los capítulos precedentes, se tiene que la protección concedida por el ordenamiento jurídico a los niños, niñas, y adolescentes a nivel nacional e internacional, conforme a lo expuesto en la Sentencia C–839/01 de la Corte Constitucional (Corte Constitucional, 2001) es más amplio que el que pudiera otorgarse a cualquier otro sector de la población, visto que por voluntad del propio constituyente, sus derechos priman sobre los de los demás.

No obstante, como lo indica la Corte Constitucional en la Sentencia C–839/01 (Corte Constitucional, 2001) debido a la fragilidad e inmadurez física y sicológica, los niños constituyen una población sensiblemente vulnerable a los efectos nocivos de los fenómenos sociales. La circunstancia de no estar preparados para asimilar los avatares de un ambiente social agresivo, hace que en muchos casos los menores se vean puestos en situaciones irregulares que frenan su proceso de integración humana y atentan contra su integridad –física, mental y moral–, así como contra su formación y su patrimonio.

Siendo la incursión en conductas penalmente reprochables una de las situaciones irregulares más dramáticas en que pueda encontrarse a los menores de edad, pues, como lo indica la Corte Constitucional en la Sentencia C–839/01 (Corte Constitucional, 2001) la delincuencia juvenil compromete el proceso de formación social y amenaza con truncar la participación activa del menor dentro de la comunidad. Corresponde determinar, en este orden de ideas, cuáles son los mecanismos con que cuenta el estado para lograr la rehabilitación e integración del menor, que por problemas de comportamiento, infringe las normas de conducta sociales, específicamente debemos preguntarnos ¿Es efectivo el tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en Colombia conforme al principio de protección integral? Bajo ese entendido a continuación procederé hacer un análisis de las disposiciones normativas y las rutas institucionales que actualmente regulan el tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en Colombia conforme al sistema doctrinal de protección integral.

1. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) [arriba] 

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, tal como se encuentra concebido actualmente, es el producto de un gran proceso de cambios y modificaciones normativas a través de las cuales ha variado significativamente la manera de comprender la delincuencia juvenil como el fenómeno que ha afectado la vida de los más pequeños de manera negativa. Cuyo cambio, en el caso colombiano, se ha manifestado en la variación normativa que hubo entre el código del menor, donde justamente los niños, niñas y adolescentes (NNA) eran considerados “menores infractores” hasta el código de la infancia y la adolescencia, que procura incorporar la visión de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de 1989; la cual fue ratificada por Colombia. Los adolescentes pasan de ser considerados “menores” a ser sujetos de derechos, aun cuando estén “en conflicto con la ley”.

En consecuencia, años más tarde de la promulgación de la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) el Estado colombiano ha tomado una serie de medidas normativas con las que se ha reforzado el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, como ejemplo de ello, por medio de la Ley N° 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010–2014” (Congreso de Colombia, 2011) se contempló que en desarrollo del principio de corresponsabilidad y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno Nacional, con el concurso de los gobiernos territoriales, daría prioridad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), iniciando la construcción de Centros de Atención Especializada (CAES) e internamiento preventivo de acuerdo con criterios de demanda del SRPA, de cobertura regional y de cofinanciación de las entidades territoriales. 

Conforme a ello, el parágrafo 1° del citado artículo señaló que las entidades que hacen parte del SRPA, tanto de las diferentes ramas del poder público como de niveles de gobierno, sumarian esfuerzos para contar con un Sistema de Información Unificado e interinstitucional del SRPA, para que se convirtiera en fuente de información estratégica para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención del SRPA, de manera que permita la toma de decisiones adecuadas. 

En ese sentido el parágrafo 2° del art. 201 de la Ley N° 1450 de 2011 (Congreso de Colombia, 2011) dispuso que el Gobierno Nacional tendría como uno de los ejes centrales en su agenda de cooperación, los asuntos relativos al SRPA, tratándose de una prioridad en la gestión técnica y financiera en la materia e incentivará la participación activa de la sociedad civil organizada y del sector privado en los propósitos establecidos. Situación que consecuentemente dejo en evidencia la necesidad de crear el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa) en el nivel nacional y regional, con el fin de que se convirtiera en una instancia de coordinación, evaluación y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica con el compromiso de todas las ramas del poder público y las entidades territoriales, en desarrollo de la Ley N° 1098 de 2006. 

De esta forma, el proyecto se materializo con el Decreto 1885 de 2015 (Congreso de Colombia, 2015) por medio del cual se creó el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa) conformado por El Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Salud y Protección Social, el Ministro de Educación Nacional, la Ministra de Cultura, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Director de la Policía Nacional, el Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el Director del Sistema Nacional de Juventud o su delegado.

Lo anterior, en el marco de la protección integral y en cumplimiento de la finalidad pedagógica y restaurativa que garantice el carácter especializado y diferenciado del SRPA, con los siguientes objetivos:

1. Orientar, coordinar y articular a nivel nacional el diseño de las políticas públicas relacionadas con la responsabilidad penal para adolescentes.

2. Desarrollar el principio de corresponsabilidad, en la garantía del interés superior del niño y de la protección integral de los y las adolescentes y jóvenes para fortalecer la participación y articulación de las entidades que hacen parte del SRPA y de este con otros sistemas.

3. Articular, acompañar y validar la definición de criterios para la implementación de un modelo de justicia restaurativa, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos de los y las adolescentes y en virtud de la resocialización, la inclusión social y las garantías de no repetición, la verdad y la reparación del daño.

4. Coordinar, dirigir y proponer las recomendaciones que se requieran para fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

En suma, coincidiendo con lo planteado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en su estudio denominado “Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacia la protección integral y la justicia restaurativa” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015) se tiene que el tratamiento otorgado a los adolescentes en conflicto con la ley ha sufrido importantes modificaciones a través de la historia nacional e internacional; transformaciones que se manifiestan en leyes cambiantes y, a veces, contradictorias, pero siempre insuficientes para el abordaje de la problemática , toda vez, que parecerían fracasados todos los intentos normativos del Estado por garantizar la protección integral a los niños, niñas, y adolescencia, ante el sin nuevo de quejas, denuncias, y dudas normativas que se expondrán más adelante.

En esta oportunidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015) también agrega que el éxito o fracaso de las políticas públicas en materia de delincuencia juvenil, los planes y programas de atención de las diferentes instituciones estatales, los esfuerzos individuales de los funcionarios y las familias, dependerán de la capacidad de todos estos para comprender las verdaderas dimensiones del fenómeno y sus aristas, en aras de la consecución de una congruencia que armonice las filosofías y principios, con las normas y actividades encaminadas a su atención. Vale la pena mencionar que, si bien el ICBF tiene lineamientos precisos sobre la ruta del SRPA, sus actores y roles; es importante destacar que se trata de un “sistema” y, por tanto, debe ser abordado desde un enfoque integrador. Los esfuerzos individuales de los funcionarios son muy importantes y en muchos casos constituyen buenas prácticas, sin embargo, el buen funcionamiento de un sistema depende de la articulación y de la forma.

De modo que, es un concepto con el que evidentemente me encuentro en acuerdo, por ello, tenido estas consideraciones en cuenta más adelante se hará un análisis de las normas fundamentales del de la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) para luego dar una mirada a los Centros de Atención Especializada, puesto que es en esta instancia en la que el tratamiento jurídico de los menores se cumple a cabalidad convirtiéndose en la única oportunidad del Estado para brindar la atención necesaria a los niños, niñas, y adolescentes vinculados a investigaciones penales.

Según lo consagrado en el art. 136 de la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. Cuya finalidad es la de tomar medidas de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral, garantizando en todo momento la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.

Ahora bien, este procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes conforme a lo establecido en el art. 144 de la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) se rige por las normas consagradas en la Ley N° 906 de 2004 (Congreso de Colombia, 2004) que reglamenta el Sistema Penal Acusatorio de los adultos, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

Por otra parte se observa que conforme a lo establecido en el art. 142 de la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas, declaradas responsables penalmente, ni privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible.

Contrario a ello, la persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en la ley.

Así como tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad.

Acorde a lo normado en el art. 143 la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

Conforme a ese precepto, dispone la misma norma citada, que si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Y si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma. Propósito para el cual, la misma norma dispuso que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecería los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido delitos. Sin embargo tras la entrada en vigencia de la Ley N° 1098 de 2006, transcurrieron tres (3) años para que dichos lineamientos fueren aprobados por medio de la Resolución No.4594 del 20 de octubre de 2009 (ICBF, 2009).

En atención a ello, pasaremos a estudiar cual es el tratamiento jurídico que recibe un niño o niña menor de catorce (14) años que han cometido delitos y un adolescente de catorce (14) y dieciocho (18) vinculado a un proceso de responsabilidad penal.

2. Proceso de protección de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito [arriba] 

El lineamiento técnico administrativo para la atención de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito (ICBF, 2009), aprobado por medio de la Resolución No.4594 del 20 de octubre de 2009 (ICBF, 2009) describe el procedimiento y la actuación a seguir cuando un niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito. Lineamiento regido por un marco conceptual (ICBF, 2009) conforme al cual se propende la protección y reflexión sobre sus deberes ciudadanos, lo que implica que, para esta población, la Protección Integral adquiere un carácter educativo, de aprendizaje, así como de reparación y de reflexión sobre las consecuencias de los daños causados, de su rol como ciudadano, de respeto hacia ellos y finalmente del fortalecimiento de los lasos familiares, sociales y de la democracia.

2.1. Proceso Jurídico

El lineamiento técnico administrativo para la atención de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito (ICBF, 2009) define el procedimiento y la actuación a seguir cuando se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito:

(i) Cuando es sorprendido en flagrancia por un particular o por la autoridad de policía

Según lo descrito en el lineamiento (ICBF, 2009) cuando el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años sea sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, deberá ponerlo inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Por otro lado, en el evento en que sea un particular el que lo sorprenda en flagrancia éste deberá ponerlo a disposición de la autoridad policial de manera inmediata.

En cumplimiento de lo anterior y para hacer efectivo el objeto de la Ley N° 1098 de 2006 se enuncia en la directiva (ICBF, 2009) que la Policía de Infancia y Adolescencia, de acuerdo con las disposiciones previstas contenidas tanto en los tratados internacionales, como en el Código de la Infancia y la Adolescencia y demás disposiciones internas referentes al tema; deberán respetar los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito. Con ese propósito la Policía Nacional – Policía de Infancia y Adolescencia deberá:

1. Poner al niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años de manera inmediata o a más tardar en el término de la distancia a disposición del Defensor de Familia, Comisario de Familia, Inspector de Policía, según sea el caso. Si llegado el caso la puesta a disposición se efectuare en horas de la noche o incluso en la madrugada, la Policía Nacional – Policía de Infancia y Adolescencia deberá coordinar con la Autoridad Administrativa competente (Defensor de Familia, Comisario de Familia, Inspector de Policía, según sea el caso), lo referente al traslado del niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años a su Medio Familiar, al Centro de Emergencia más cercano a la localidad o cualquier otra medida que garantice su protección integral.

2. Informarle el hecho que se le atribuye.

3. Informarle claramente el motivo del procedimiento.

4. Ubicar e informarle a los padres o representantes legales.

5. Darle buen trato físico, psicológico y moral en todo momento.

6. Proceder a la identificación del niño, niña o adolescente, y a la recolección de datos de la conducta punible. En el evento en que no porte documento de identidad y en todo caso el niño, niña o adolescente manifieste tener menos de catorce (14) años, la autoridad policial presumirá la minoría de edad.

7. Indagar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos y recolectar los elementos o materiales probatorios y la evidencia física con cadena de custodia. Trasladar y entregar las evidencias a la Fiscalía General de la Nación.

8. Levantar un acta en la misma escena del delito, en la que se relacionen todos los elementos de prueba o evidencias utilizados por el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años para la comisión del delito o de todos aquellos elementos a los que haya llegado a tomar posesión durante la comisión del mismo.

9. Entregar copia de la misma a la autoridad administrativa competente (Defensor de Familia, Comisario de Familia, Inspector de Policía, según sea el caso), a fin de que éste pueda conocer los alcances del delito cometido por el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años.

(ii) Cuando es denunciado por hechos delictivos

Según el proceso descrito en la directiva (ICBF, 2009) una vez llegue a su conocimiento por medio de la Fiscalía General de la Nación, por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo, esta realizará la indagación e investigación de los hechos que revistan características de delito, la Fiscalía General de la Nación deberá:

1. Investigar los móviles o las causas de la conducta punible, para lo cual deberá determinar claramente la presencia o no de posibles autores, determinadores y/o partícipes que eventualmente tengan parte en la comisión de la(s) conducta(s) y la(s) consecuencia(s) jurídica(s) del delito que fueron desplegadas por el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años.

2. Se llevará a cabo, una investigación por la comisión del delito, cuando se tengan indicios sobre la participación de una persona llamada a responder penalmente; recordando que de acuerdo con el art. 29 de nuestro Código Penal, quien se vale de menores de edad para cometer delitos se hace acreedor a la pena prevista en dicho Código para el delito correspondiente en calidad de autor, esto es como si él mismo lo hubiera ejecutado y adicionalmente la pena será agravada.

3. Una vez iniciado el programa metodológico de investigación por el cual se logra la individualización de autores y partícipes del delito, si la Fiscalía General establece que la edad del niño, niña o adolescente es menos de catorce (14) años, realizará el archivo de las diligencias y remitirá copia de lo actuado a la Autoridad Administrativa competente (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía, según el caso) para que esta adelante la actuación administrativa correspondiente.

(iii) Cuando de manera voluntaria se entrega a las autoridades

En caso de entrega voluntaria del niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años la Policía Nacional – Policía de Infancia y Adolescencia, a la mayor brevedad posible deberá proceder a:

1. Dejar constancia por medio de acta de lo manifestado libre y espontáneamente por el niño, niña o adolescente en el primer contacto tenido; siempre que no sea producto de una entrevista formal.

2. Lograr la identificación y edad del niño, niña o adolescente.

3. Ubicar e informarle sobre la situación a los padres o representantes legales del niño, niña o adolescente.

4. Darle buen trato físico, psicológico y moral en todo momento.

5. Llevar a cabo las labores de recolección y aseguramiento de la evidencia física con cadena de custodia. Así mismo dispondrá de este material probatorio mediante el traslado y entrega a la bodega de evidencias de la Fiscalía General de la Nación.

6. Poner a disposición de la Autoridad Administrativa competente: Defensor de Familia, Comisario de Familia, Inspector de Policía, según sea el caso, al niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años que se presuma o haya incurrido en la comisión de un delito, con el fin de la referida Autoridad lleve a cabo la actuación administrativa en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de derechos, tal y como lo ordena el art. 142 en concordancia con los arts. 52, 53 y 99 de la Ley N° 1098 de 2006.

2.2. Proceso administrativo

Una vez la Policía Nacional – Policía de Infancia y Adolescencia haya llevado a cabo la primera parte del proceso, la Autoridad Administrativa competente: el Defensor de Familia, o el Comisario de Familia, el Inspector de Policía, según sea el caso, deberá:

1. Constatar en el acta de entrega (emitida por la Policía Nacional – Policía de Infancia y Adolescencia) el hecho de que efectivamente el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años es puesto a disposición de la Autoridad Administrativa competente por haber cometido una conducta considerada como delito. Con esto se busca dejar desde el inicio de la actuación, la constancia de ausencia de responsabilidad penal del niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años, al mismo tiempo que de manera oportuna al percatar la situación, podrá direccionar adecuadamente la atención que requiere el niño, niño o adolescente menor de catorce (14) años.

2. Constatar las diligencias anexas al caso como son: (i) La identificación del niño o niña o adolescente. (ii). El acta de buen trato físico, psicológico y moral. (iii). El informe de policía en el que se indique día, hora y lugar en que se efectuó el procedimiento. (iv). El acta de levantamiento de elementos de prueba o evidencias utilizados por el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años para la comisión del delito, o de aquellos a los cuales accedió a la posesión con la conducta delictiva.

3. Dar apertura a la Historia de Atención.

4. Llevar a cabo la verificación de derechos de acuerdo con los arts. 20, 52 y 138 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

5. Lograr la identificación del niño, niña o adolescentes, de sus padres o representantes o personas con las cuales conviva o de quienes de hecho lo tuvieren a su cuidado. En caso necesario, deberá solicitar la práctica y ampliación de las pruebas que realiza el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses.

6. Citar y realizar reuniones periódicas con el niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años que se presuma o haya incurrido en la comisión de un delito, con sus padres o representantes legales o de quienes dependa.

7. Dar aplicación de medidas provisionales de urgencia a favor del niño o niña para su protección integral. Si el caso lo amerita.

8. Visitar periódicamente las Instituciones y Programas de atención, logrando tener un contacto cercano con los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito. Lo anterior, a fin de poder tomar decisiones con base en los resultados del proceso de atención llevado a cabo por la Institución o Programa.

Por otra parte, conforme a la directiva (ICBF, 2009) los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos gozan de derechos especiales consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley, los cuales deben ser respetados durante todos los procesos que adelante la autoridad administrativa competente. Cuando un niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años, pertenezca a un grupo étnico, además de la verificación y restablecimiento de derechos, las autoridades administrativas competentes deberán:

1. Tomar en consideración especial los antecedentes culturales, las tradiciones y la cosmovisión particular del niño, niña o adolescente.

2. Informar por el medio más expedito del caso a la Autoridad Tradicional competente, quien deberá, en primera instancia, realizar el restablecimiento de los derechos según las normas y procedimientos propios de la comunidad.

3. Velar porque al niño, niña o adolescente le sean respetados y garantizados los mínimos jurídicos consagrados por la Corte Constitucional en la sentencia T–349 de 1996, y en el documento Marco General, Orientaciones de Política Pública y Lineamientos de Atención Diferenciada ICBF en Materia de Familia, Infancia y.

2.3. Medidas establecidas por las Autoridades Administrativas y Modalidades

De conformidad con el art. 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006), la Autoridad Administrativa competente, a fin de lograr el restablecimiento de los derechos vulnerados, puede tomar una o varias de las siguientes medidas:

1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico;

2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.

3. Ubicación inmediata en medio familiar;

4. Ubicación en Centros de Emergencia, para los casos en que no procede la ubicación en los Hogares de Paso.

Medidas con las que se pretende brindar protección integral a los niños, niñas, y adolescentes que se vean incursos en esta clase de procesos, es por ello, que en la implementación y ejecución de esta clase de medidas se convierten en el eje central del éxito o fracaso de todo el proceso de protección. Bajo ese entendido, pasaremos a analizar cada una de estas medidas así como la ruta de atención, a fin de determinar de qué forma se brinda protección integral a nuestros niños.

2.3.1. Amonestación

Según lo establecido en el art. 54 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006), la medida de amonestación consiste en la conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto.

Pese a ello, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006) no especifica en situaciones o para que delitos aplica esta medida.

2.3.2. Centros de Atención Especializados

Conforme se encuentra descrito en la directiva (ICBF, 2009) los centros de atención especializada son instituciones de protección en internado (24 horas del día), de carácter abierto, que no se constituye en privativo de la libertad, dado que, el mismo debe ser abierto a la vida en comunidad, permitiéndole al niño, niña y adolescente su participación en ella, a través de su vinculación a los servicios que esta ofrece tales como salud, educación, recreación, cultura y deporte entre otras, con el objetivo de:

1. Restablecer los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes y brindar las condiciones para su pleno ejercicio durante la permanencia en el servicio.

2. Acompañar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias y facilitar espacios para la elaboración de situaciones traumáticas y duelos de su historia de vida.

3. Desarrollar un proceso pedagógico especializado de acuerdo con la edad y las circunstancias particulares, orientado a su formación como sujeto de derechos y responsabilidades, procurando que los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años cumplan con las normas de convivencia y disciplina dispuestas al interior de los Centros, en todo caso minimizando la probabilidad de reincidencia en comportamientos de carácter delictivo dentro y fuera de las instituciones.

4. Prevenir nuevos comportamientos que en cualquier momento puedan poner al niño, niña o adolescentes en conflicto con la ley penal.

Con ese propósito, según lo establecido en la directiva (ICBF, 2009) la permanencia del niño o niña está supeditada a la consideración de la autoridad competente, quién según el art. 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia sobre el carácter transitorio de las medidas “….podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas.” Sin embargo, se estima una rotación de un (1) niño por cupo al año, sin desconocer que en situaciones excepcionales, será necesario prolongar esta permanencia por el tiempo que sea necesario.

2.3.3. Centro de Atención Especializado Semi–Internado

Acorde a lo descrito en la directiva (ICBF, 2009), el centro de atención especializado semi–internado es un servicio de protección integral en medio socio–familiar, que consiste en una jornada de atención de ocho (8) horas diarias. Los niños, niñas y adolescentes ubicados en este servicio viven con sus propias familias y asisten a las jornadas que brindan la institución o programa.

2.3.4. Centro de Atención Especializado – Externado

Por otra parte, se corrobora que también se emplean centros de atención especializados – externado, los cuales, según la directiva (ICBF, 2009) son un servicio de protección integral en medio socio–familiar consiste en una jornada de atención de cuatro (4) horas diarias, alterna a la jornada escolar. Para esto, los niños y adolescentes ubicados en este servicio vivirán con sus propias familias y asistirán a las jornadas que le brinden la Institución o Programa.

2.3.5. Hogares gestores

Conforme a la directiva (ICBF, 2009), los hogares gestores hacen parte de una modalidad de servicios para la protección integral de niños, niñas y adolescentes y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica y al tiempo cumplen condiciones y factores protectores mínimos en sus relaciones familiares. Por lo tanto esta modalidad de atención puede ser adoptada como respuesta a una medida de ubicación en medio sociofamiliar para restablecimiento de los derechos, por parte de la autoridad administrativa competente sobre los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años que se presuma o hayan incurrido en comisión de un delito.

Acorde a la directiva (ICBF, 2009) en esta modalidad se brinda acompañamiento y formación temporal a la familia, con acciones que ayuden a fortalecer su capacidades de integración a los programas sociales y a la red de protección social, complementado a un apoyo económico transitorio. Acciones con las que se busca igualmente favorecer que los niños, niñas y adolescentes crezcan en el seno de sus propias familias, y propiciar el fortalecimiento de los vínculos al interior de las mismas.

2.3.6. Centros de Emergencia

Los centros de emergencia, con otras de las medidas descritas en la directiva (ICBF, 2009) son los centros de emergencia, instituciones de protección en internado (24 horas del día) para la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente menor de catorce (14) años que se presuma o haya incurrido en la comisión de un delito. Centro que conforme a la directiva (ICBF, 2009) es de carácter abierto, lo cual significa que no impide la salida voluntaria de los, niños, niñas y adolescentes allí ubicados y por lo tanto NO existe privación de la libertad. Pueden ser enviados los niños y niñas menores de catorce (14) años, cuando habiendo sido sorprendidos en flagrancia en la comisión del delito o cuando la autoridad administrativa competente lo determine. Medida procedente en los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso. Por lo que la misma directiva indica que esta medida NO es indispensable, por ende las autoridades administrativas competentes deberán privilegiar la ubicación de los niños, niñas y adolescentes en su red familiar nuclear o extensa.

Medidas con las que en teoría se garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que se presuma o hayan incurrido en la comisión de un delito, por lo que será necesario, más adelante, hacer un análisis de la situación actual de los centros de atención especializados, dado que, es en esa instancia que la que el proceso de protección debe cumplir con sus objetivos.

3. Proceso de responsabilidad penal para adolescentes [arriba] 

El procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, conforme a lo establecido en el art. 144 de la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) se rige por las normas consagradas en la Ley N° 906 de 2004 (Congreso de Colombia, 2004) que reglamenta el Sistema Penal Acusatorio de los adultos, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

En atención a ello, el art. 145 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) preceptúa, que en los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un delito, hará las veces de policía judicial la policía de infancia y adolescencia, o en su defecto los miembros de la policía judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. Así como el art. 146 de la citada norma específica que en todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el Defensor de Familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente.

Disposiciones normativas con las que sin lugar a duda, se pretende proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes, a quienes a pesar de estar vinculados a una investigación penal, se les deben respetar todos y cada uno de sus derechos con especial cuidado y atención. Al igual que se propende por la protección psicología de los niños, niñas y adolescentes, a favor de los cuales el art. 147 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) restringe la asistencia de público a las audiencias del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en caso de que el juez llegara a considerar que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente.

Aunado a ello, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) dispone que los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

En cumplimiento de ello, conforme al art. 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia, dado que la norma dispone, que en caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al Defensor de Familia, y el proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado, termino durante el cual, en el evento de prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.

Por otra parte, encontramos que en el art. 159 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) se prohíbe la estructuración de antecedentes, según la norma las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial, porque los registros son reservados y solo pueden ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

3.1. Autoridades y Entidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Según lo establecido en el art. 163 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:

1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas.

2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.

3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia.

4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión.

5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia.

6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.

7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado.

8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento.

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro.

10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Entidades que tiene la función de garantizar el respeto por los derechos de los adolescentes inversos en conductas punibles; situación con la que se evidencia que el tratamiento jurídico que recibían los niños, niñas, y adolescentes ha cambiado significativamente, toda vez que el mismo hoy en día a obligado al Estado a direccionar su actuar por medio de un grupo de funcionarios y dependencias, a brindar los medios y mecanismos necesarios a fin de proteger a los jóvenes que se encuentran vinculados a investigaciones penales.

3.2. Sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Uno de los errores comunes en los que incurrimos algunos estudios del derecho, es el de idealizarnos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el que no hay cabida para las sanciones como consecuencia jurídica por incurrir en un delito, contrario a ello, lo cierto es, que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes si se hace referencia a las sanciones.

Conforme al art. 189 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) concluidos los alegatos de los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia para presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos: Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de Familia el juez impondrá la sanción que corresponda.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 177 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal:

1. La amonestación.

2. Imposición de reglas de conducta.

3. La prestación de servicios a la comunidad.

4. La libertad asistida.

5. La internación en medio semicerrado.

6. La privación de libertad en centro de atención especializado.

Sanciones que según el art. 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas. Razón por la cual la ley obliga al juez a tener en cuenta las siguientes situaciones:

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.

4. La aceptación de cargos por el adolescente.

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.

6. El incumplimiento de las sanciones.

3.2.1. Internamiento Preventivo

Según lo establecido en el art. 181 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) en cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista:

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.

2.Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.

3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad.

4. El internamiento que no puede exceder de cuatro meses, prorrogables con motivación, por un mes más.

3.2.2. Amonestación

La primera sanción definida en el Código de Infancia y Adolescencia es la amonestación, enunciada en el art. 182, aparte normativo que define esta sanción como la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. Casos en los que deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

3.2.3. Imposición de reglas de conducta

Otra de las sanciones definidas en el Código de Infancia y Adolescencia son las reglas de conducta, definida en el art. 183 como la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Sanción que no podrá exceder los dos (2) años.

3.2.4. Libertad vigilada

En cuanto a la libertad vigilada el Código de Infancia y Adolescencia en su art. 185 especifica que es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Medida que no podrá durar más de dos años.

3.2.5. Internamiento en medio semi–cerrado

Por otra parte, el Código de Infancia y Adolescencia en su art. 186 adopta como sanción el internamiento en medio semi – cerrado, consistente en la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. Sanción que según el código no podrá ser superior a tres años.

3.2.6. Privación de la libertad

Contraria a la concepción que comúnmente se tienen sobre las medidas adoptadas en el Sistema de Responsabilidad Penal, tenemos que el Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) si hace referencia al privación de la libertad para los menores, sin embargo, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al ordenamiento interno colombiano mediante Ley N° 12 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 (Directrices de Riad). El Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) dispone en su art. 161 la excepcionalidad de la privación de libertad, indicando que para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. Eventualidad ante la cual, la privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.

En ese sentido, el art. 160 (Congreso de la Republica, 2006) define como privación de la libertad, toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, con personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos, y experiencia probada; ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad. Lugares que por disposición normativa deben cumplir con las condiciones de seguridad para evitar la evasión de los adolescentes.

En ese mismo sentido el art. 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) dispone que la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos en cuyos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años.

Por otra parte, la privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Casos en los que la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas.

Ahora bien, si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad, el Código de Infancia y Adolescencia consagra que el adolescente continuará cumpliendo su sanción hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y restaurativa establecidas en la citada ley.

Bajo ese entendido, el Código de Infancia y Adolescencia aclara que los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicará privación de la libertad.

3.3. Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones

Según reza el art. 180 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene los siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política:

1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este reúna las condiciones requeridas para su desarrollo.

2. Recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción.

3. Recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.

4. Comunicarse reservadamente con su apoderado o Defensor Público, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial.

5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta.

6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa de la autoridad judicial.

7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y respecto de la situación y los derechos del adolescente.

Además de ello, el art. 188 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006) dispone que el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos:

1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más próxima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.

2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral.

3. Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado físico o mental que requiera tratamiento.

4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.

5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos.

6. Derecho a participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de la sanción.

7. Derecho a recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas.

8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.

9. No ser sometido a ningún tipo de aislamiento.

10. Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.

11. Tener acceso a la información de los medios de comunicación.

4. Prestación del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes [arriba] 

Considerando que de acuerdo con los arts. 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación y a recibir protección y formación integral. Y que en consecuencia, el Código de la Infancia y la Adolescencia establece en los arts. 180 y 188, que el adolescente tiene derecho a continuar su proceso educativo durante la ejecución de la medida o sanción, de acuerdo con su edad y grado académico, incluso si se trata de una medida privativa de la libertad. El Gobierno nacional, por medio del Decreto 2383 de 2015 (Presidente de la Republica, 2015) con el ánimo de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, armonizo y adecuo una oferta educativa en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y, así mismo, definió los requisitos generales para que las entidades territoriales certificadas centraran el servicio educativo para la atención de la población que ingresa al sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por la comisión de delitos, a quienes se les imponen medidas o sanciones privativas de la libertad.

4.1. De la atención educativa en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

De conformidad a lo establecido en el Decreto 2383 de 2015 (Presidente de la Republica, 2015) cuando el adolescente o joven sea ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) por la autoridad competente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) comunicará a la correspondiente entidad territorial certificada en educación sobre su ingreso, e informará, además, si la sanción o medida impuesta es o no privativa de la libertad. La entidad territorial certificada en educación realizará las acciones respectivas, dispuestas en esta Sección, en los lineamientos educativos que disponga el Ministerio de Educación Nacional, para cumplir con su función de asegurar que al adolescente o joven se le preste el servicio educativo.

Ahora bien en caso de la prestación del servicio educativo para los adolescentes o jóvenes que se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medidas no privativas de la libertad, el Decreto 2383 de 2015 (Presidente de la Republica, 2015) prevé que las instituciones educativas que tengan adolescentes o jóvenes matriculados, que formen parte del sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medidas o sanciones no privativas de la libertad, deberán asegurar la permanencia y continuidad del estudiante en su plantel, y garantizar la prestación del servicio educativo con observancia de los lineamientos educativos que disponga el Ministerio de Educación Nacional para esta población.

Así mismo el Decreto 2383 de 2015 (Presidente de la Republica, 2015) dispone que en caso de que el adolescente o joven que forme parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medida o sanción no privativa de la libertad, se encuentre fuera del sistema educativo, la entidad territorial certificada en educación respectiva deberá asignarle un cupo en una institución educativa oficial de su jurisdicción, atendiendo las particularidades propias del estudiante, e iniciará junto con el establecimiento educativo las acciones respectivas para asegurar la permanencia y continuidad del estudiante en su plantel y garantizar la prestación del servicio educativo.

 Por otra parte, conforme a lo establecido en el Decreto 2383 de 2015 (Presidente de la Republica, 2015), sobre la prestación del servicio educativo para los adolescentes o jóvenes que se encuentran en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medidas privativas de la libertad, la norma citada dispone que la entidad territorial certificada en educación con jurisdicción en el lugar en que se encuentre interno el adolescente o joven realizará las gestiones y acciones necesarias de acuerdo con los lineamientos educativos que expida el Ministerio de Nacional, para garantizar la prestación del servicio, así como la permanencia y continuidad educativa de los adolescentes o jóvenes que pertenezcan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con medidas y sanciones privativas de la libertad. La entidad territorial certificada en educación definirá la institución educativa oficial cuyo Proyecto Educativo Institucional (PEI) y experiencia estén acordes con la prestación del servicio educativo a dicha población.

Bajo ese entendido, la institución educativa seleccionada por la entidad territorial certificada en educación atenderá a los adolescentes y jóvenes internos en los Centros de Atención Especializada y los Centros de Internamiento Preventivo, para lo cual deberá adoptar y desarrollar estrategias pedagógicas y/o modelos educativos pertinentes, de acuerdo con los lineamientos educativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para la prestación del servicio educativo en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), los cuales deberán garantizar el desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas de la población beneficiaria.

Sin embargo, según afirmación del Ministerio de Educación en la guía de orientaciones pedagógicas para la prestación del servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (Ministerio de Educación, 2017) el estudio de campo que soporta el marco educativo del SRPA evidencio la ausencia de un referente legal para la atención educativa de los jóvenes en tensión con la ley, de ahí que, antes del Decreto 2383 de 2015, la preferencia era atender esta población con modelos de educación para adultos, oferta que es insuficiente frente a las necesidades de educación integral de los estudiantes. Por lo anterior, según el Ministerio de Educación, las propuestas educativas para adolescentes en conflicto con la ley deben pensarse según los parámetros de una oferta educativa “regular”. Esta ha de reconocer la condición de extraedad, pues la intencionalidad de reglamentación específica es ofrecer al estudiante del SRPA una oportunidad de reingresar a un sistema escolar que facilita la orientación de proyectos de vida en la legalidad.

Lo que requiere, según el Ministerio de Educación, una articulación del sistema educativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras instancias del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; por ello, las secretarias de educación y las instituciones educativas deben gestionar y desarrollar acciones conjuntas con el Sistema Nacional de Cultura, Coldeportes, el Sena, entre otros. Consideración con la que coincido por ser esta la etapa más importante dentro del proceso de atención de los jóvenes en conflicto con la ley, de modo tal, que a continuación se expondrá cuáles fueron los hallazgos encontrados luego de dar una mirada a los centros de atención especializada en Colombia para niños, niñas, y adolescentes, porque es en ese punto en el que el SRPA puede empezar a transformar la vida de estos pequeños, es la educación la oportunidad de los niños de tener un mejor futuro.

5. Mirada a los centros de atención especializada en Colombia para niños, niñas y adolescentes [arriba] 

Tras un largo proceso de investigación jurídica que deja como resultado un esquema general del tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en Colombia, logre corroborar que en teoría contamos con los postulados normativos necesarios para contrarrestar este flagelo en nuestro país, porque la ley nos ha dado las herramientas necesarias para atender a los jóvenes que por una u otra razón se han visto inmersos en la comisión de conductas punibles. Pese a ello, con gran angustia me permito afirmar que más allá de la reglamentación del tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en Colombia, nos encontramos con una realidad que dista de la atención y protección integral descrita la Ley N° 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (Congreso de la Republica, 2006), toda vez, que el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes se encuentra en una evidente crisis que ha afrontado altibajos por más de cinco (5) años, si tenemos en cuenta que desde el año 2012 se escuchaban las primeras voces sobre los inconvenientes que enfrentaba el sistema.

Evidencia de ello, fue la publicación realizada por El Universal (El Universal, 2012) en la que se afirmó que el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego Molano, reconoció los problemas de hacinamiento en los centros de reclusión para menores de edad del país, que obedecía al incremento de menores vinculados a delitos con responsabilidad penal; al respecto Molano afirmo (El Universal, 2012) que dicho incremento afecto el número de cupos que el Bienestar Familiar había designado copando su capacidad, por lo que implementaría un plan de choque para poder tener mayor capacidad.

Adicional a ello, en la misma publicación del El Universal (El Universal, 2012) se expuso, que el director de Infancia y Adolescencia de la Policía, general Nicolás Muñoz Martínez, admitió que se habían tenido casos de policías involucrados en maltrato en contra de adolescentes, eventualidades ante las cuales, según Muñoz, de manera inmediata se habían asumido las acciones disciplinarias y en coordinación con la Fiscalía se han llevado las acciones penales pertinentes.

Irregularidades que también fueron señaladas por la procuradora delegada para la Infancia, Ilva Myriam Hoyos, quien dijo en entrevista con El Universal (El Universal, 2012) que había malos tratos en los centros de reclusión para los menores infractores, afirmando que era tan lamentable la situación que se habían tenido que interponer acciones de tutela por la violación de Derechos fundamentales en esos centros penales. Oportunidad en la que la procuradora señalo que el centro El Redentor no había completas instalaciones sanitarias y además que en algunos centros juveniles se estaba vulnerando el derecho a la salud y la dignidad.

Así mismo Hoyos (El Universal, 2012) manifestó que algunos jóvenes tenían que dormir en el piso uno o varios días y que la alimentación era precaria para los jóvenes recluidos. Por esa razón, la Procuraduría estaba a espera de que se pudieran establecer mecanismos para adecuar recursos por las serias falencias en el sistema.

Contrario a ello, las denuncias por irregularidades en los centros de atención especializada no secaron, y los problemas que afrontaba el sistema eran noticia en los reconocidos medios de comunicación del país, fue el caso de publicaciones como la realizada por El Espectador en 2015 titulada “El infierno de los menores infractores” (El Espectador , 2015) en la que se publica un informe de la Defensoría del Pueblo, tras una investigación en la que se incluyeron entrevistas a 260 jóvenes y visitas a 18 centros de Bogotá, Cali, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena; investigación con la que se evidencio el pésimo estado de algunos centros de reclusión para adolescentes en el país, concluyendo que en Colombia operan centros que constituyen una afrenta a la dignidad humana y en “los que se constataron síntomas de violación a los derechos fundamentales”.

Lo anterior, en atención a que como se expone en la publicación del (El Espectador , 2015) el panorama que encontró la Defensoría en este tipo de establecimientos era preocupante, y en todo el país las quejas eran similares. Hallaron hacinamiento, infraestructuras deficientes, problemas en la atención de salud, malas condiciones de salubridad, falta de dotación para la resocialización, escasez de programas efectivos de formación académica, el uso de celdas de castigo como aislamiento y sanción, así como falencias en los servicios públicos. Y para hacer una más compleja la situación se encontraron casos de maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal de la Fuerza Pública.

Sobre las evidencias de la infraestructura deficiente de los centros de atención, según el artículo del Espectador (El Espectador , 2015) al hacer la inspección de los 18 centros estudiados, la Defensoría encontró que ni siquiera como cárceles cumplían los estándares mínimos internacionales. Algunos centros funcionaban en antiguas cárceles, en locaciones improvisadas en viviendas o en construcciones hechas a manera de celdas compartidas, encerradas en rejas y con precariedad de servicios. Se encontraron incluso celdas de castigo en los establecimientos, como mecanismo de aislamiento y sanción.

En cuando a los centros de detención transitoria, la Defensoría corroboro (El Espectador , 2015) que el panorama era menos alentador porque a pesar de ser estos los lugres usados para que los menores permanezcan mientras se les define su situación jurídica, se encontró por ejemplo, que en Bogotá hay un centro con una sala de espera, con cinco sillas y en la que en promedio permanecen encerrados 15 jóvenes (algunos de ellos hasta 10 días), sin servicios sanitarios adecuados ni colchonetas, a la espera de que se les asigne cupo en Centro Especializado, por lo que la defensoría resalto que era evidente la ausencia de locaciones adecuadas para la detención transitoria.

Por otra parte, siendo aún más preocupante en el artículo El Espectador (El Espectador , 2015) expone graves problemas sobre el modelo de atención, aduciendo que la crítica va más allá de las precarias condiciones de reclusión. Al respecto, señala que una de las obligaciones de estos centros es desarrollar programas de formación académica, ocupacional y recreativa, con miras a brindarles a los menores infractores oportunidades de una vida productiva en la legalidad. Sin embargo, dice el informe, que salvo excepciones, brilla por su ausencia la dotación tendiente al desarrollo de este tipo de programas y resaltan que, por el contrario, el modelo pedagógico y de atención dista mucho del que exige la ley.

Por ejemplo, ponen en evidencia situaciones como el maltrato del que son víctimas algunos menores “por la Policía, al momento de la captura, y por los educadores, durante el internamiento, en especial aquellos con exfuncionarios del INPEC”; también, la imposición de sanciones como la suspensión de visitas familiares y el aislamiento en celdas de castigo, o la especie de presión de algunos Defensores de Familia y Defensores Públicos para que los menores acepten delitos.

De igual forma la Defensoría (El Espectador , 2015) denuncio que, en ocasiones, el concepto de peligrosidad de los menores lo analizaban a la luz de la precariedad de las oportunidades de su vida familiar, lo que terminaba en la restricción de la libertad como mecanismo para supuestamente garantizar sus derechos, “concepto que se constituye en criminalización de la pobreza”, dice la Defensoría. Esto, sin contar la falta de seguimiento al cumplimiento de la sanción por los jueces, lo que impide la gestión de medidas sustitutivas y ajustes en el proceso pedagógico, y falta de seguimiento y gestión pos egreso, que permita verificar el sostenimiento en la garantía y condiciones de no reincidencia.

Con base en ello, La Defensoría del Pueblo (El Espectador , 2015) advirtió que los hallazgos encontrados representaban grave vulneración a derechos reconocidos expresamente por la Convención de los Derechos del Niño (y de la niña) y por la Ley N° 1098 de 2006, entre ellos la dignidad humana, la salud, la educación, la participación, la intimidad y un trato diferenciado. En conclusión, según se muestra en la publicación del Espectador (El Espectador , 2015) no se encontró evidencia de cumplimiento de los fines del SRPA ni de las medidas, llamadas a un carácter pedagógico, específico y diferenciado.

Años más tarde la crisis en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes enfrentaría tal vez su peor momento ante la opinión pública, un hecho con el que se dejaría en entredicho la credibilidad de autoridades que lo integran.

Sin lugar a duda, en el mes de octubre del año 2018 como espectadores de la vida de los jóvenes que se encuentran en líos con la justicia, vimos en redes sociales y en noticieros una escena completamente lamentable y desgarradora que le mostro a todo el país, la realidad y el día a día de los jóvenes que se encuentran bajo el amparo del estado, presuntamente para ser atendidos en “centros de atención especializada”. Escena que fue enunciada por los medios con titulares como “Jóvenes de correccional El Redentor fueron brutalmente golpeados por uniformado” “Violento caso de maltrato en El Redentor”. Una noticia publicada por la mayoría de los medios de comunicación del país, que narraba y dejaba en evidencia por medio de un video, un acto de maltrato y tortura por pate de un grupo de policías a unos jóvenes internados en El Redentor, como demostración de poder y autoridad previo a un intento de fuga.

En el video publicado por Noticias Caracol (Noticias Caracol, 2018) se muestra a veinte (20) jóvenes aproximadamente, acostados en el piso en ropa interior, mientras que un uniformado de la policía los insulta y golpea con lo que pareciere ser un tubo, video que se hace aún más desgarrador cuando uno de los jóvenes usa sus manos para cubrirse y suplica que no lo golpeen más. De igual forma se observa en el video, al lado del joven que suplica no seguir siendo maltratado, otro joven con múltiples marcas en su espalda del violento maltrato del que fue víctima.

Sobre este decepcionante acontecimiento Noticias Caracol (Noticias Caracol, 2018) publico en su momento las declaraciones del brigadier Ricardo Alarcón, comandante (e) de la Policía de Bogotá, quien afirmo en su momento que los siete uniformados relacionados con los actos de violencia habían sido separados de sus cargos por la Policía afirmando: "El video es muy disidente, allí observamos claramente que están siendo objeto de maltrato físico, maltrato verbal. La justicia será la que entre a determinar los hechos".

De igual forma, manifestó el fiscal de infancia y adolescencia Mario Gómez que desde la Fiscalía se habían iniciado las primeras investigaciones, precisando: "Esta Fiscalía ha abierto noticia criminal para investigar tales eventos, en el marco de una posible práctica de tortura”.

Como era de esperarse, tras conocerse la noticia de este caso, por medio de RCN radio (RCN Radio, 2018) el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que la entidad aplicaría el poder preferente para asumir de manera inmediata la investigación por el maltrato y los abusos a que habrían sido sometidos el pasado 28 de septiembre cerca de 20 jóvenes de la escuela de formación integral para menores infractores, que opera Ipsicol. Sobre la agresión el entonces procurador afirmo:

“Esto que ha pasado hace unas semanas y que se ha revelado hasta el día de hoy, no solo es inaceptable, sino una afrenta contra una sistema que dice proteger los derechos de los menores. Hay que caer con toda la drasticidad en este análisis”.

Sumado a ello, resulto ser más inaceptable cuando se conoció la noticia que desde el 23 de mayo del 2018 la Procuraduría había requerido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Procuraduria, 2018) tomar las medidas necesarias a fin de poner fin a las irregularidades que estaban siendo denunciadas. En dicha oportunidad la Procuraduría expreso (Procuraduria, 2018) que el Ministerio Publico seguía siendo informado por el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Adolescentes, de las irregularidades que se presentan al interior de las instituciones EFIR Adolescentes, CREE Jóvenes y últimamente Centro de Internamiento Preventivo, el primero operado por FEI y los últimos por IPSICOL en las que se informaban sobre las constantes agresiones presentadas al interior de las instituciones que ponían en peligro la vida e integridad de los adolescentes y jóvenes allí ubicados. Oportunidad en la que el Ministerio Público preciso:

Para el Ministerio Publico la situación mencionada reviste suma gravedad, toda vez, que la privación de la libertad de un adolescente no suspende la garantía de sus derechos, por el contrario, su situación procesal los convierte en sujetos en especial situación de sujeción, máxime cuando por su condición de menores de edad, son sujetos de especial protección, siendo sus derechos prevalentes, por lo que se recomienda que de manera urgente se adelanten todas las gestiones necesarias en coordinación con los operadores, a fin de dar solución a la problemática que se presenta en dichas instituciones, con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal tanto de los adolescentes y jóvenes, como del personal que allí laboral (Procuraduria, 2018).

Situación que genero aún más descontento en atención al reciente llamado de atención que había recibido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por parte de la Procuraduría General de la Nación, que sugería falta de atención de la entidad en el asunto. En consecuencia, como era de esperarse, conforme a la publicación del Herlado (Heraldo, 2018) se hicieron públicas las declaraciones de la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi sobre lo sucedido, quien rechazó el uso excesivo de la fuerza policial contra los jóvenes del centro de reclusión para menores El Redentor, puntualizando:

“El ICBF considera relevante revisar las conductas sancionables a los adolescentes entre 14 y 18 años de edad y las medidas correctivas que se deben aplicar en cada caso. También se estudiarán las condiciones bajo las cuales, de manera excepcional, se privará de la libertad a los adolescentes".

Al respecto de las pesquisas iniciadas ante la golpiza de la Policía contra los menores, Pungiluppi (Heraldo, 2018) aseveró que la entidad acompañaría las investigaciones anunciadas por la Procuraduría y que impondría las sanciones respectivas en caso de encontrarse alguna irregularidad en los protocolos de atención.

Así mismo, por medio del Herlando (Heraldo, 2018) anunció Pungiluppi que se contemplaba modificar la Ley N° 1098 de 2006, en relación con los adolescentes que cumplen la mayoría de edad en privación de la libertad y la posibilidad de brindarles un tratamiento diferenciado.

Al respecto, en torno a la pregunta formulada por el periódico El Tiempo (El Tiempo, 2018) ¿Qué hacer con los centros de reclusión para menores de edad? la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi volvió hacer mención a la posibilidad de reformar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), indicando que era hora de realizar cambios urgentes en el sistema, aseverando que la situación más preocupante se da cuando el menor infractor se evade, y con el paso de los años siendo adulto lo capturan, lo envían a una cárcel de mayores que es una escuela del delito, y cuando termina su condena, de allí lo envían a los CAE para que terminen de cumplir la sanción impuesta cuando eran menores de edad. Llegan a contaminar a los jóvenes que están en un proceso real para desarrollar metas personales en el futuro.

En ese escenario, meses más tarde gracias a la FM (LA FM, 2018) se anunció que el Distrito de Bogotá prepararía la construcción de un centro integral de justicia en la localidad de Bosa, con el que reemplazaría El Redentor, noticia con la que se calmó un poco la tempestad generada con la noticia publica de maltrato de jóvenes en el centro de atención especializada.

No obstante, los cuestionamientos hacia el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes no cesaron durante ese año, y los medios de comunicación al igual que todos los Colombianos empezaron a preguntarse “Menores en líos con la justicia: ¿en qué se está fallando?”, puntualmente fue el interrogante que se formuló El Espectador (El Espectador, 2018) por medio de un artículo en el que afirmaban, que los frecuentes motines e intentos de fuga en centros como El Redentor son, para expertos, muestra de que no se está aplicando un modelo de atención diferencial y pedagógico. Un problema que insisten, no es punitivo, sino de falta de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes.

En dicha publicación El Espectador (El Espectador, 2018) narra la historia de David, un menor de apenas 17 años, que fue judicializado cuando no superaba los 15 años y que para entonces recordaba con vergüenza las situaciones que lo llevaron a responder ante la justicia:

Me pillaron robando. Ese día había consumido, intenté robar a alguien, lo apuñalé y me capturaron. Me cogieron unos taxistas que me agredieron y luego me rescató la Policía. ¿Cómo llegué a eso? Tenía problemas familiares, me dejé llevar por las adversidades y por energías negativas. Claro, también por malas amistades. Llegué a un punto en el que no pude controlar mi intolerancia ni mi carácter. Terminé haciéndole daño a la gente porque sí (El Espectador, 2018).

Explica El Espectador (El Espectador, 2018) que David forma parte de los más de 234.000 menores que, entre 2006 y 2018, han sido atendidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). En su caso, la sanción de David fue de 30 meses en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa). Inicialmente, tras ser capturado y mientras se investigaba el caso, duró cuatro meses allí.

Luego, una vez se definió su proceso, fue recluido por siete meses en el centro Bosconia, en la localidad de Santa Fe, asegura que, gracias a su buen comportamiento, “se salvó” de terminar confinado en El Redentor, considerado para la mayoría de jóvenes infractores como el sitio más severo e inclemente de los que hay en la ciudad. Se relata en la publicación del Espectador (El Espectador, 2018) que quien no corrió con la misma suerte fue Joseph Luna, de 19 años, que prefiere no hablar de lo que hizo, pero que es enfático en advertir los malos tratos e irregularidades que se presentan en El Redentor, el mismo donde meses atrás se había presentado un caso de abuso de autoridad protagonizado por policías que, con palos, golpearon a un grupo de menores que intentaron fugarse. Según el Espectador el joven relato:

Tomé malas decisiones y terminé cogiendo el camino equivocado, explica Joseph, quien fue cobijado por el SRPA cuando tenía 14 años. Fue sancionado a tres años y aunque solo permaneció dos meses en El Redentor, ese tiempo bastó para conocer de cerca las dificultades en el centro de reclusión. Allá todo es muy delicado. Hay mucho ‘cacique’, es decir, pelados que mandan la parada en consumo de drogas, porte de armas y hasta la forma de relacionarse. Por ejemplo, a alguien que ‘sapeara’ un intento de fuga lo amenazaban con acuchillarlo (…) Allá hay secciones y los educadores son los responsables de nosotros. La mayoría son buenas personas, que nos educan, nos tienen paciencia y nos tratan bien. Pero también hay otros que, cuando ya se sienten muy maltratados, reaccionan mal (El Espectador, 2018).

Según el joven, (El Espectador, 2018) en los intentos de motín y de fuga se presentan la mayor parte de maltratos y abusos. Cuenta que, en una ocasión, los mismos educadores arrojaron gas lacrimógeno para intentar disuadir a quienes querían fugarse durante una revuelta. Al no lograr su cometido, la situación fue atendida por la Policía. Y la policía era más agresiva, narra el joven (El Espectador, 2018) que había uno que tenía un palo y decía “con este es con el que le rompo las piernas a cualquiera que se intente volar (…)”. Los pelados que agarraban terminaban en algo que llaman “marraneras”, celdas en el mismo Redentor, que son pequeñas y huelen horrible. Era el castigo.

Finalmente, ante tan preocupantes relatos el columnista del El Espectador Javier González Penagos (El Espectador, 2018) concluye que aunque el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes está orientado a resocializar y brindar educación a jóvenes que terminan delinquiendo, pero a consideración de los expertos el modelo no se está aplicando correctamente y desemboca en abusos, pese a que la ley establece que los menores son sujetos de derechos con interés superior y merecen un enfoque diferencial.

Ante tal aseveración, cita a Alejandro Ruiz, miembro de la organización Aldeas Infantiles –especializada en la atención a la infancia y la adolescencia– quien precisa (El Espectador, 2018), que los operadores a los que contrata el ICBF para manejar estos centros no aplican las directrices, ni tratan a los menores con un enfoque pedagógico. Para ellos son delincuentes, peligrosos, que deben ser encerrados y tratados “a la brava”. Y agrega que otra de las fallas del sistema es que se aplica un modelo represivo y no restaurativo, que les brinde oportunidades.

Opinión con la que coincide la jueza Diana Marcela Cruz (El Espectador, 2018) quien asegura que las organizaciones contratadas para los centros de menores, generalmente, no son las adecuadas ni tienen el conocimiento y la experticia para lograr que un joven sea efectivamente resocializado. Al respecto afirma para El Espectador (El Espectador, 2018) que hay operadores que están violando y vulnerando los derechos de los adolescentes. Lo que se ve en noticias es cierto: hay maltrato, golpes con cadenas y hasta complicidad para el microtráfico.

En ese escenario, fueron tantas las declaraciones de jóvenes recluidos en El Redentor que se hicieron públicas gracias a los medios de comunicación, que las mismas motivaron a la opinión pública a abrir un debate sobre la situación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hasta el punto de haber influenciado a los Representantes a la Cámara de Representantes Jhon Arley Murillo Benitez , Henry Fernando Correal Herrera , Mauricio Andrés Toro Orjuela , Norma Hurtado Sánchez , Juan Carlos Reinales Agudelo , y Faber Alberto Muñoz Cerón para que en aplicación del art. 233 de la Ley N° 5 de 1992 se citara a la doctora Juliana Pungiluppi Leyva en su calidad de Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio de la proposición No.21 del 21 de noviembre de 2018 (Camara de Representantes, 2018) sobre la situación actual del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con respecto a los Centros de Atención Especializada (CAE).

De modo que, esta proposición específicamente fue promovida por los hechos ocurridos en El Redentor, dado que según los mismos proponentes (Camara de Representantes, 2018) en dicho suceso se presentaron actos de agresión física en contra de varios internos, lo cual fue conocido a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, por lo que se determinó la necesidad que dentro del ejercicio de control político se estudiara los asuntos relacionados con las funciones del ICBF dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, a fin de establecer la situación actual y las acciones propuestas para solucionar los inconvenientes.

Con ese claro objetivo, por medio de la proposición No.21 del 21 de noviembre de 2018 (Camara de Representantes, 2018) sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se formularon a la doctora Juliana Pungiluppi Leyva veintitrés (23) preguntas relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, atendidas punto por punto por la citada el día 09 de enero de 2019 (ICBF, 2019), sin embargo se observa que el cuestionario se limita de manera general a indagar por la infraestructura de los centros de atención especializada y los centros de internamiento preventivo, así como los recursos de inversión con los que cuenta el ICBF. Para finalizar precisando el origen real de la problemática de delincuencia juvenil en Colombia, según lo expresado por la doctora Juliana Pungiluppi:

A nivel nacional aún no se cuenta con una política Nacional de Prevención que atienda de manera directa y especializada la vinculación de adolescentes y jóvenes a la delincuencia y las economías ilegales. Esta realidad es agravada por las condiciones de pobreza multidimensional que vive parte de la población en Colombia, y donde adolescentes y jóvenes constituyen un sector especialmente vulnerable, tal como demuestran las tasas de desempleo juvenil, el incremento en el uso y abuso de SPA, las restricciones en las oportunidades en materia educativa que viven ciertas regiones, configuran algunas de las condiciones estructurales asociadas al ingreso de adolescentes y jóvenes al SRPA.

Consideración con la que me encuentro en total acuerdo, dado que la solución efectiva al problema de la delincuencia juvenil no es crear más centros de atención especial ni más centros de internamiento preventivo para internar a los adolescentes que incurran en la comisión de conductas punibles, contrario a ello, encontraremos la solución en la creación de una política de prevención que nos permita brindar a los niños, niñas, y adolescentes de escasos recursos nuevas oportunidades de estudio, para que logren convertirse en ciudadanos de bien porque la educación les proporcionara las herramientas necesarias para ello.

Contrario a ello, la discusión en torno al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se sigue estructurando en torno a los problemas con los centros de atención especial y en los centros de internamiento preventivo, limitándose de esta forma a atender a los jóvenes que hoy en día ya hacen parte del sistema, dejando de lado a los niños, niñas, y adolescentes que aún están en sus hogares y barrios incursionando en pequeños actos de ilicitud.