Doctrina
Título:Modelo de protección integral de los niños, niñas, y adolescentes conforme a los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia
Autor:Rojano Sarmiento Pérez, Luis Antonio
País:
Colombia
Publicación:Efectividad del Tratamiento Jurídico de la Delincuencia Juvenil en Colombia partiendo de la Base Teórica del Modelo de Protección Integral - Texto Completo
Fecha:26-08-2022 Cita:CAPC-III-CDXIII-517
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1 Marco normativo internacional sobre justicia juvenil

Capítulo II

Modelo de protección integral de los niños, niñas, y adolescentes conforme a los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia

Luis Antonio Rojano Sarmiento Pérez

Respecto a la protección especial reforzada del ordenamiento constitucional a la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes, el Estado colombiano también se encuentra comprometido con dichos fines en virtud de las normas internacionales que regulan la materia por disposición expresa del art. 93 de la Carta, conforme al cual, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen sobre el orden interno y sirven como criterio de interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta.

De tal manera, en este capítulo se hará un análisis del modelo de protección integral de los niños, niñas, y adolescentes, acorde a los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, específicamente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 ratificada en Colombia por medio de la Ley N° 12 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991), la cual es complementada por las disposiciones de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores del año 1985 (Reglas de Beijing); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobada mediante la Ley N° 74 de 1968; la convención internacional sobre los derechos del niño de 1989; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes Privados de Libertad de 1990; y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 (Directrices de Riad).

Referencias suficientes para comprender la particular preocupación de la comunidad nacional e internacional por atender a la protección de los derechos de los niños y promover su incorporación a la sociedad. La Corte ha dicho a este respecto en la sentencia C–839/01 (Corte Constitucional, 2001) que el Estado social de derecho colombiano constituye un fin esencial adelantar precisas acciones que permitan a los menores de edad alcanzar un desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, síquico, intelectual, familiar y social. Porque la población infantil es vulnerable y la falta de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento agravan su indefensión.

1 Marco normativo internacional sobre justicia juvenil [arriba] 

1.1. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores del año 1985 (Reglas De Beijing)

Las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas mediante las cuales se promulgaron los parámetros mínimos de regulación para los sistemas de administración de justicia de menores contenidas en las llamadas Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores “Reglas de Beijing” (Resolución 40/33 del 29 noviembre 1985), hacen parte de los instrumentos internacionales adoptados por la comunidad mundial y por Colombia para proteger los derechos de los menores, e implantar dispositivos para la prevención del delito y el tratamiento de los ofensores, como lo indica la Corte Constitucional en la sentencia C–839/01 (Corte Constitucional, 2001).

Adicional a ello, sobre la incorporación de las Reglas de Beijing en el bloque de constitucionalidad de Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia C–203/05 (Corte Constitucional, 2005) expreso que el objeto principal de estas reglas, es el de regular la situación del “menor delincuente” , tal y como lo indica su título, se trata de estándares mínimos que reflejan, en conjunto, a las diversas garantías que el ordenamiento internacional de los derechos humanos reconoce a los menores de edad, y además argumenta que:

No sólo son plenamente compatibles con las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales de los niños, sino que han sido acogidas en múltiples oportunidades por la jurisprudencia constitucional, y de hecho se ven reflejadas en varios aspectos de la legislación nacional vigente sobre el procesamiento de menores infractores.

En suma, las Reglas de Beijing (que en sí mismas no son obligatorias por tratarse de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas) codifican y sistematizan estándares mínimos que, al provenir de tratados ratificados y normas consuetudinarias internacionales sobre derechos humanos vinculantes para el país –que en su mayoría forman parte del bloque de constitucionalidad–, son obligatorios como parte del ordenamiento interno colombiano, en virtud de lo dispuesto en los arts. 9, 44, 93 y 94 de la Constitución Política, y deben en consecuencia ser respetados en todos los casos de procesamiento de menores de edad por violación de la ley penal (Corte Constitucional, 2005).

En consecuencia, a continuación se expondrá la revisión de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores “Reglas de Beijing” (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) cuyos principios orientadores instaron a los estados miembros promover el bienestar del menor y de su familia, fomentando desde los primeros años de la adolescencia en los que el menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más apartado de delito y delincuencia posible, con el objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley (justicia de menores), y de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley.

En consecuencia, se puede resaltar que otro de los principios orientadores de las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) consistía en concebir la justicia de menores como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país que debía administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuyera a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. Justicia de menores que acorde a la regla 2.3 (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) debía ser direccionada por cada jurisdicción nacional con la promulgación de un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, orientadas por  órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, enunciadas de la siguiente forma: 1.Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos; 2. Satisfacer las necesidades de la sociedad; 3. Aplicar cabalmente y con justicia las reglas.

Todo ello, por medio de un proceso especial que según lo dispuesto en las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) regla No.2 se aplicarían a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; menores definidos como todo niño o joven al que se le hubiere imputado la comisión de un delito o se le considerare culpable, que podía ser castigado por la comisión de ese delito en forma diferente a un adulto.

Por otra parte, se observa en la regla No.3 que se extiende el ámbito de aplicación de la protección otorgada por las Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores de modo que abarcara los delitos previstos en diversos sistemas jurídicos nacionales y aquellas conductas que no fueren punibles tratándose del comportamiento de los menores como por ejemplo las ausencias injustificadas, desobediencia en la escuela y en la familia. Incluyendo la extensión de los principios contenidos en las Reglas a todos los menores comprendidos en los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar.

En cuanto a la edad de los menores responsables por haber incurrido en conductas punibles las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) recomendaron a los Estados Miembros no fijar a una edad demasiado temprana en atención de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental e intelectual. Puntualmente se agrega:

La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y sicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985).

Al respecto, debo aclarar que sin haber previsto el hacer aquí un análisis comparativo de normas, me encuentro de frente con una realidad que me obliga a traer a colación las normas que regularon las conductas delictivas de los menores en el siglo XX, toda vez que, a criterio personal, en Colombia se acogió el concepto de edad mínima de responsabilidad penal desde la promulgación de la Ley N° 98 de 1920 “Por la cual se crean Juzgados y casas de reforma y corrección para menores” (Congreso de Colombia, 1920) año en el que inicio en el país la caracterización jurídica de un sujeto “el menor” que contenía a aquella población infantil en situación irregular. Norma conforme a la cual los menores de diez y siete años y mayores de siete, que ejecutaran actos definidos por el Código Penal como delitos, quedarían sometidos a la jurisdicción de un funcionario especial, que se denominaba Juez de Menores.

En cuanto al procedimiento penal de menores, luego de hacer una revisión del texto, se corrobora que en las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) no se enuncia un proceso específico a seguir, dada la complejidad de elaborar una definición de órgano o persona competente para dictar sentencia que goce de aceptación universal.

En atención a ello, con las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) se direcciona el proceso y se dejan claras unas pautas y reconocimiento de derechos para los menores, conforme a las cuales se tiene que el procedimiento aplicable a los menores delincuentes debía ceñirse a las reglas mínimas que se aplicaban en casi todo el con arreglo al procedimiento penal conocido como «debido proceso legal», siendo un juicio imparcial y equitativo con garantías tales como las enunciadas en la regla No.7; norma conforme a la cual, en todas las etapas del proceso se respetarían las garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.

En esa misma medida, la regla No.8 se dispuso la protección a la intimidad del menor para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudicaran a los menores, por lo que se prohibió la publicación de información que pudiera dar lugar a la individualización de un mejor delincuente.

Por otra parte, según las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) regla No.14 todo menor delincuente será puesto a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo, en curso de un procedimiento que favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente.

Según la regla No.17 los principios rectores de la sentencia y la resolución 
serán los siguientes:

1. La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; 2. Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible;  3. Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada; 4. En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor; 5. Los delitos cometidos por menores no se sancionarán en ningún caso con la pena capital; Los menores no serán sancionados con penas corporales (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985).

En cuanto a las sanciones, según la regla No.18 de las Reglas de Beijing (Asamblea de las Naciones Unidas, 1985) para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes: 1. Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión; 2. Libertad vigilada; 3. Ordenes de prestación de servicios a la comunidad; 4. Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; 5. Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; 6. Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; 7. Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos.

En consecuencia, estas reglas sin lugar a duda se convirtieron en los pilares de los procesos adelantos en contra de menores, y específicamente en el caso de Colombia, sobre ello la Corte Constitucional en la Sentencia C–684/09 (Corte Constitucional, 2009) sostiene que las Reglas de Beijing  codifican, sistematizan y desarrollan estándares mínimos en la investigación y juzgamiento de personas menores de edad reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, los cuales deben ser respetados en todos los casos de procesamiento de menores de edad por violación de la ley penal. Puntualizando además que:

Si bien no se trata de un tratado internacional de derechos humanos, en todo caso es un instrumento internacional adoptado en el seno de las Naciones Unidas, que tiene una finalidad compiladora de las garantías recocidas en tratados, la costumbre, los principios generales, la doctrina y la jurisprudencia internacional en la materia, al cual la jurisprudencia constitucional de manera reiterada le ha reconocido un carácter vinculante cuando se trata del examen de constitucionalidad de las leyes que regulan la investigación y el juzgamiento de menores (Corte Constitucional, 2009).

Sin embargo, llama la atención en Colombia se creó la jurisdicción de menores por medio de la Ley N° 98de 1920 (Congreso de Colombia, 1920) “Por la cual se crean Juzgados y casas de reforma y corrección para menores”, es decir sesenta y ciño años (65) antes de la aprobación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores “Reglas de Beijing” por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas por medio de la resolución (Resolución 40/33 del 29 noviembre 1985).

Una ley que, si bien no reflejaba todos los principios orientadores de las Reglas de Beijing, permiten evidenciar que Colombia atendía de manera oportuna al problema de la delincuencia juvenil y se preocupada por proteger a los menores en esa situación de irregularidad. Dejando con ello una línea de tiempo normativa a través de la cual podemos conocer los avances legislativos del tratamiento a la delincuencia juvenil, con el propósito de mejorar la protección que el Estado brinda los niños, niñas y adolescentes desde 1920, sin retroceder con intenciones de mayor punibilidad.

1.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Mediante la Ley N° 74 de 1968, Colombia suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se dice que todos los niños tienen derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Y en el que además se encuentran contenidas varias disposiciones relativas a los menores que han violado la ley penal, en su art. 6.5., establece que “no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad”; (ii) en el art. 10.2.b., relativo a la privación de la libertad, dispone que “los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento”; (iii) el art. 10.3., referente al régimen penitenciario, establece que “los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”; (iv) el art. 14.1. Ordena que “toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario...”; y (v) el art. 14.4. Dispone que “en el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social”.

Normas o principios que en Colombia ya hacían parte de la jurisdicción de menores, con la entrada en vigencia de la Ley N° 83 de 1946 (Congreso de Colombia, 1946)  ley orgánica de la defensa del niño por medio de la cual se acogen algunos ideales de las normas que la antecedían, tanto de la Ley N° 98 de 1920 “Por la cual se crean Juzgados y casas de reforma y corrección para menores”, como de la Ley N° 95 de 1936 Código Penal (Congreso de Colombia, 1936), y la Ley N° 94 de 1938 (Congreso de Colombia, 1938), ley con la que se reafirma el ideal del Estado colombiano de brindar asistencia y protección al menor por medio de un proceso penal en el que no se pretendía sancionar para castigar, sino corregir para reintegrar al menor a la sociedad.

1.3. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989

Como  lo expresa la Corte Constitucional en la Sentencia C–839/01 (Corte Constitucional, 2001) mediante la aprobación de la Ley N° 12 de 1991, Colombia suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Oportunidad en que la ONU tuvo en cuenta que el niño se encuentra en un estado de inmadurez física y mental que necesita "protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,  tanto antes como después del nacimiento", y dispuso que es deber de los Estados Partes, respetar los derechos a que se refiere dicha convención, asegurando su aplicación para cada niño sujeto a la jurisdicción de aquellos,

"sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales".

Precisando específicamente entorno a la delincuencia juvenil que ningún niño podía ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Así como también prohíbe la imposición de pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

1.4. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes Privados de Libertad de 1990

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Asamblea General de la Naciones Unidas , 1990), adoptadas por la Asamblea General de la Naciones Unidas mediante Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990, se inspiraron en las Reglas de Beijing, como lo sostiene la Corte Constitucional en la Sentencia C–839/01 (Corte Constitucional, 2001), con el objetivo fundamental de establecer un conjunto de normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad, para lo cual "el sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental".

Todo ello, en atención a la preocupación de la Asamblea General por el hecho de que muchos sistemas no establecían una diferenciación entre adultos y menores en las distintas fases de la administración de justicia y, en consecuencia, los menores estaban siendo detenidos en prisiones y centros junto con adultos, tal como lo firmo UNICEF – Panamá (UNICEF Panama , 2018). Con ese propósito las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Asamblea General de la Naciones Unidas , 1990) previeron como primer disposición que el objetivo principal de los Estados partes debía ser brindar la protección necesaria a los niños con el objetivo de prevenir que los mismos incurrieran en la comisión de conductas punibles, por ello según las reglas como última medida de represión los Estados deberían acudir a las medidas restrictivas de la libertad, indicando taxativamente que el encarcelamiento deberá usarse como último recurso.

Adicional a ello, la misma norma consigna que los programas de prevención de la delincuencia deberán planificarse y ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que sean resultado de una investigación científica, y periódicamente deberán ser supervisados, evaluados y readaptados en consonancia con esas conclusiones.

Al respecto, tenemos que en Colombia gracias a la Ley N° 83 de 1946 (Congreso de Colombia, 1946) se empezó hablar de “protección infantil”, dado que, esta ley dispuso la creación del Consejo Nacional de Protección Infantil, integrado por cinco miembros, elegidos para un período de tres años, así: uno nombrado por el Presidente de la República que debía ser abogado especializado en ciencias penales; uno nombrado por el Arzobispo Primado que debía ser sacerdote experto en sociología; uno por el Comité Nacional de la Cruz Roja que debía ser muy versado en cuestiones médico–sociales de la infancia; uno nombrado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, que debía ser médico pediatra; y el quinto, por el Juez de Menores de Bogotá, que debía ser especializado en ciencias de la educación de díscolos y anormales. 

Consejo Nacional de Protección Infantil que de conformidad a lo establecido en el art. 99 tendría a su cargo lo referente a la prestación y organización de los servicios sociales para brindar asistencia de la mujer embarazada, a la madre y del recién nacido, al niño lactante y al infante, al niño anormal y enfermo, a los niños abandonados o en peligro, y protección a los niños infractores de las normas penales.

1.5. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 (Directrices de Riad)

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 (Directrices de Riad) aprobadas en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990 han sido consideradas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la codificación de las principales obligaciones internacionales de Colombia en la materia, y como los parámetros de control de las disposiciones legales que regulan la problemática de la delincuencia juvenil, tal como lo expreso la Corte Constitucional en la Sentencia C–684/09 (Corte Constitucional, 2009).

Bajo ese entendido, considere pertinente traer a colación los principios y parámetros definidos en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil de 1990 (Directrices de Riad) (Organización de Naciones Unidas - ONU, 1990), en las que ese enuncia claramente, como principios fundamentales, los siguientes:

1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.

2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia.

3. La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de "extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.

Principios conforme a los cuales se puede precisar, que según las Directrices de Riad la solución a la problemática de delincuencia juvenil es la prevención del delito desde las normas de conducta básicas en la sociedad para evitar que los niños, niñas y adolescentes crezcan para convertirse en sujetos objeto de reproche social por incurrir en la ilicitud, propósito conforme al cual la política criminal del país debe abordar la delincuencia juvenil para regular o definir mecanismos de prevención del delito por medio de programas con los que se propenda el bienestar de los niños y niñas, función que exclusivamente recae en el Estado; de otra parte conforme a las directrices la sociedad también desempeña un impórtate papel a la hora de prevenir la delincuencia juvenil, puesto que el entorno en el que crecen los menores orientara el futuro de los pequeños niños y niñas.

Por otra parte, las Directrices de Riad sugieren que no es correcta la estigmatización de los jóvenes como delincuentes o criminales porque este tipo de denominaciones afectan de manera negativa a los menores influyendo significativamente en la orientación permanente a su conducta ilegal o indeseable.

1.6. Convención de los Derechos del Niño, Ratificada por Colombia por Medio de la Ley N° 12 de 1991

La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al ordenamiento interno colombiano mediante Ley N° 12 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991), incluye importantes reglas sobre el tratamiento jurídico que deben recibir los niños, niñas, y adolescentes que cometen delitos. Resultan particularmente relevantes los arts. 37 y 40, los cuales señalan entre otras las siguientes garantías procesales en el juzgamiento de los niños:  1. El derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada. El derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 2. El principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa. 3. El derecho a que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales. 4. El derecho a no ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable.

De lo que se concluye, que efectivamente en Colombia se produjo un cambio de mentalidad considerable de frente a la atención de los menores infractores, por cuando, al incorporar la Convención sobre los Derechos del Niño al ordenamiento interno colombiano mediante Ley N° 12 de 1991 (Congreso de Colombia, 1991), surge una nueva regulación jurídica para los menores, que propende de todo momento la protección de sus derechos, como se expondrá a continuación.